El concepto de Compliance, entendido como conjunto de procedimientos y de buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y puesta en marcha de mecanismos internos de prevención y control, adquiere especial relevancia en los distintos marcos normativos:

• Canal Ético: La Ley 2/2023 que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional y, en consecuencia, que contribuyan a la lucha contra la corrupción que traspone la Directiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing) hace obligatorio el “canal de denuncias” para todas las entidades del sector público, incluidas todas las entidades locales con independencia del tamaño, así como para las entidades jurídicas del sector privado que empleen a más de 50 trabajadores; y para partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
• Penal: tras la reforma del Código Penal que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Privacidad: con la entrada en vigor del RGPD y la publicación de la LOPDGDD que han instaurado un nuevo modelo de gestión y de obligaciones en materia de protección de datos tanto para empresas como para la Administración Pública.
• Igualdad: el RDL 6/2016 ha generado unas nuevas condiciones que obligan a un número mucho mayor de empresas a elaborar su Plan de Igualdad.
• Fiscal: con la publicación de la UNE19602 de sistemas de gestión de compliance tributario, la próxima trasposición de la DAC 6 y la aprobación de los nuevos Códigos de buenas prácticas tributarias.
• Operaciones Vinculadas: dadas las mayores exigencias en la obligatoriedad de documentar e informar (modelo 232) y el incremento de las sanciones por incumplimiento.
• Medio Ambiente: los numerosos requisitos legales que en materia de medio ambiente, prevención de riesgos laborales y seguridad industrial, debe cumplir la empresa u organización.